PARA EL PRIMO

JAMAS DIJE QUE MI PROYECTO ERA MEJOR. AUN NO TENGO LA VERSION FINAL Y MODIFICADA. POR ESO EL COMENTARIO HABLA SOBRE DEMOCRATIZAR EL SISTEMA AUDIOVISUAL. NOSOTROS HAREMOS APORTES, HICIMOS APORTES AUNQUE NO NOS CONVOCARON A NINGÚN FORO. SI TE FIJAS ALGUNOS POST ABAJO VERÁS TODOS LOS APORTES QUE LE HICIMOS EN SU MOMENTO AL ANTE PROYECTO. NO ME CORTO SOLO, AMIGO. TRABAJO, PRODUZCO Y BUSCO SIEMPRE LA MEJOR VERSIÓN DE LOS PROYECTOS QUE DEFIENDEN LA SOBERANÍA DE LA DEMOCRACIA.

LEY DE SERVICIOS AUDIOVISUALES

Bienvenido el debate sobre una nueva ley de radiodifusión. Discusión medular para consolidar la democracia y reemplazar la actual ley de la dictadura.

Tenemos proyecto propio que tiene por objetivo democratizar el sistema de medios, aumentando la capacidad de la sociedad de producir una mayor pluralidad de mensajes, y examinaremos el oficial, pero existe un tema esencial a la hora de dilucidar el sentido de una propuesta en esta materia y es quién es la autoridad de aplicación. Para nosotros, debe constituirse como un organismo de carácter público y comunitario. En este sentido, nunca podría estar gobernada ni por el oficialismo ni por la lógica de oficialismo u oposición. Debemos dotar a la autoridad de aplicación de un sistema de representaciones que refleje, cual espejo, la diversidad y complejidad de la Argentina.

FUTBOL PARA TODOS

QUEREMOS FUTBOL PARA TODOS, PERO INTENTEMOS QUE EN ESTE CONTEXTO, INFINITAMENTE MEJOR QUE EL ANTERIOR, NO CONTINUE LA MAFIA PARA TODOS.

Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación...

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación para que a través de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, informe acerca del Convenio suscripto con la Asociación
del Fútbol Argentino para la televisación del fútbol en la República Argentina y el
exterior.

A estos efectos requerimos:

a) Remisión del Convenio suscripto por el Estado Nacional al Parlamento
b) Información precisa respecto al total de fondos públicos comprometidos en esta operación, así como la explicitación de las partidas presupuestarias que en lo inmediato financian los recursos en cuestión
c) Explicitación por parte de los organismos que correspondan de los criterios con que se hará uso y comercialización de los Derechos de Televisación Adquiridos, así como el destino de los recursos que por esta vía puedan recaudarse.
d) Explicitación de los mecanismos de control que pondrá en marcha el Estado Nacional a efectos de auditar el uso de recursos públicos por parte de la AFA y los Clubes.


FUNDAMENTOS

El día 24 de agosto del corriente año fue publicada en el Boletín Oficial una Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros, por medio de la cual se modifica la distribución del presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2009, con el objeto de disponer las partidas necesarias para la instrumentación del convenio suscripto entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) para la Televisación del Fútbol para la República Argentina y el Exterior.

Se trata de la Decisión Administrativa Nº 140/09, por medio de la cual se incrementan en $ 282 millones las autorizaciones de gastos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y en $ 20 millones las asignadas a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro.

Los fondos son destinados a reforzar la partida Servicios no Personales ($ 282 mill.) de la Secretaría de Medios Públicos, y las transferencias del Tesoro al Sistema Nacional de Medios Públicos ($ 20 mill.) Fondos que se agregan a los que el 8 de Agosto se transfirieron por decisión administrativa (104/09) y que sumaban $97 millones.

Según los fundamentos, la medida responde a la necesidad de atender los gastos que demanda la instrumentación del mencionado convenio entre la AFA y la JGM para la Televisación del Fútbol, que prevé una contribución financiera para dicha Asociación.

Estamos convencidos de que la primacía del negocio sobre el deporte puso en cuestión la perspectiva del fútbol Nacional. Clubes esquilmados o en bancarrota, resultados sospechados y situaciones de violencia social en los estadios, son parte de un cuadro que es necesario modificar.
En este sentido, el nuevo convenio suscripto entre la AFA y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la televisación del fútbol, puede abrir una puerta para el ordenamiento adecuado de la situación. El paso dado obliga a considerar cuatro cuestiones: recursos públicos; uso y comercialización de los derechos de televisación adquiridos; papel del Estado y rol de las Asociaciones civiles sin fines de lucro (AFA y Clubes de Fútbol).
En tanto el objetivo de la decisión tomada por el Gobierno nacional tenga por norte efectivo la democratización del fútbol (objetivo éste que compartimos pero que se opaca frente a la ausencia de regulaciones efectivas y visibles sobre la AFA y los Clubes, así como con la designación al frente del equipo periodístico de Canal 7 de personajes partícipes de la experiencia dictatorial) creemos imprescindible hacer llegar al Parlamento la siguiente información:

a) Remisión del Convenio suscripto por el Estado Nacional al Parlamento



b) Información precisa del monto de recursos públicos invertidos en este objetivo. Recursos que en tanto surgen de decisiones administrativas, implican el desfinanciamiento transitorio o permanente de otras partidas presupuestarias. Corresponde precisar en este punto que si bien resulta claro que los 97 millones de pesos asignados el 8 de Agosto implicaron desfinanciar en la misma suma aplicaciones financieras destinadas a atender el Programa de Asistencia Financiera a las provincias, los $302 millones recientemente asignados no tienen una procedencia clara. En este sentido, son recursos que vienen de la Cuente Caja y Bancos sin que se explicite con claridad a que organismo público pertenecían y por lo tanto qué destino potencial tenían.
c) Explicitación de los criterios con que se hará uso y comercialización de los derechos adquiridos, así como el destino de los recursos que por esta vía puedan recaudarse
d) Explicitación de los instrumentos de control que pondrá en marcha el Estado Nacional a efectos de auditar el uso de los recursos públicos por parte de la AFA y los Clubes.
Dada la importancia del tema en cuestión así como los recursos involucrados, es que solicito a los Sres. Diputados que acompañen el presente pedido de Informe

UNA NUEVA NOCHE FRIA EN EL BARRIO

El fallo dictado por el Tribunal Oral 24 en torno a la causa CROMAÑON resulta una afrenta a las víctimas y familiares de esta Masacre, poniendo una vez más en el tapete la dificultad de cierta parte del Poder Judicial para establecer parámetros razonables de Justicia; y generar confianza sobre su proceder en la ciudadanía.
Por tanto, las fuerzas políticas que pretendemos construir OTRO PAÍS, basado en la plena vigencia de la Justicia, no podemos mantenernos indiferentes ante este desagradable desenlace.
El fallo resulta injusto, inexplicable e incoherente.
RESULTA INJUSTO porque ratifica la “doctrina” de impunidad de los actos de gobierno de los funcionarios públicos, al desvincular el incumplimiento en que habrían incurrido las funcionarias Fabiana Fiszbin y Ana María Hernández de las muertes que dicho accionar generó.
Para decirlo en otros términos, Fiszbin y Hernández, y también su jefe Gustavo Torres (que resultó absuelto), eran quienes debían garantizar que el local cumpliera con las condiciones de seguridad para que el recital se pudiera realizar en forma normal, y sin riesgos para la vida de los espectadores. Al incumplir con esta tarea crearon la condición necesaria para que la tragedia aconteciera.
RESULTA INEXPLICABLE al absolver al Comisario Miguel Angel Belay, siendo que está probado en la causa la colaboración explícita de la Comisaría a su cargo (corte de la calle, patrullero en la esquina, etc.) para que el recital se desarrollara en las condiciones de irregularidad e ilegalidad en que funcionaba el local. En este contexto resulta cuanto menos extraño pensar que el subcomisario Carlos Díaz –condenado a 18 años de prisión por recibir coimas- actuó sin el conocimiento del Comisario. Habría que revisar aquí también la responsabilidad del fiscal que instruyó la causa para facilitar este injusto desenlace.
RESULTA INCOHERENTE que el manager de Callejeros, Diego Argañaraz, haya sido condenado a 18 años de prisión mientras el resto de los integrantes de la banda resultaron absueltos y mientras otro partícipe importante del hecho, Juan Villareal, recibió una pena exigua de tan solo un año.
En el esquema de funcionamiento de la banda Callejeros, resulta extraño pensar que Argañaraz haya actuado sin el consentimiento de parte o la totalidad de los integrantes de la banda, por lo tanto si él resultó culpable, el resto también. Y viceversa.
En definitiva, queda la impresión de que el Tribuanl buscó chivos expiatorios en cada uno de los eslabones que participaron en esta cadena de la tragedia.
Y que esta tragedia es consecuencia de que todos sus partícipes –hayan o no sido absueltos- priorizaron su afán de lucro por sobre la seguridad de los miles de chicos y chicas que acudieron, con la mayor buena fe, a disfrutar de un momento de alegría en un recital de rock, el 30 de diciembre de 2004.
Por Buenos Aires para todos en Proyecto Sur

CLAUDIO LOZANO – FABIO BASTEIRO – LAURA GARCÍA TUÑÓN - JORGE CARDELLI – RAFAEL GENTILI – RUBEN RUIZ.

DUHALDE

¿Los compañeros K me quieren dejar pegado a mí con Duhalde? Seguro debe ser por la candidatura a presidente que me dio hace unos años. Cuac.

LA HISTORIA SIN FINO

Claudio Lozano, Fabio Basteiro, Laura García Tuñón,

Rafael Gentilli, Jorge Cardelli, Rubén Ruiz

Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur

El desplazamiento del Fino Palacios debe ser el punto de partida para la reformulación seria y consensuada de la ley de creación de la Policía Metropolitana. También es el momento que resignifica el sentido de la respuesta social ante el autoritarismo de un gobierno que desconoce las instancias de la democracia.

La única lectura que debería hacer Macri de lo ocurrido a partir del 2 de julio, fecha en la que decide la designación de Palacios, es que la Policía Metropolitana, su conformación y funcionamiento, tiene un solo camino de legitimación que es el debate con la sociedad y con las fuerzas que conforman el nuevo mapa político elegido el 28 de junio en la ciudad.

Desde Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur entendemos que la ley votada por el macrismo y el kirchnerismo debe reformarse, estableciendo una conducción civil de la nueva fuerza policial, elegida en un proceso transparente y con la intervención de la Legislatura; deben separarse las tareas de prevención de las de investigación; y regularse en serio el funcionamiento de la seguridad privada.

GATILLO FACIL

El legislador electo por Buenos Aires Para Todos en Proyecto Sur Fabio Basteiro se refirió al crimen de Mabel Guerra, de 17 años, y de la brutal represión ejercida sobre otra joven de 21, internada en grave estado en el Hospital Fernández: “Este es un llamado de atención sobre la represión que sufren los más pobres en la Ciudad y se vuelven a reiterar sobre estos sectores vulnerables, los hechos de gatillo fácil”.
“Queda expuesto en esta reacción de bronca, la falta de futuro y la ausencia del Estado en garantizar trabajo, salud, educación y vivienda a nuestros pibes”, expresó Basteiro y agregó: “Solicitamos la inmediata liberación de todos los detenidos y la resolución urgente e impostergable del problema de desigualdad social.”

¿UNIVERSALIZAR O NO UNIVERSALIZAR? ESA ES LA CUESTIÓN

La Presidenta ratificó el criterio que ha fracasado de focalización en la política social, agregándole recursos al viejo plan Manos a la Obra. En su mismo discurso postergó la decisión de universalizar las asignaciones familiares, colocándolas en el terreno de la falta de recursos cuando, en su propio discurso queda claro que los recursos están. Nos dijo, por ejemplo, que durante todo el período kirchnerista se invirtieron 41 mil millones de pesos en política social, mientras que esa misma cifra es la que contiene el Presupuesto 2009 en regímenes promocionales y subsidios a las principales empresas del país.
No es un problema de recursos, es un problema de prioridades. Si en el
Presupuesto de este año hay 41 mil millones para subsidios y con 7 mil millones de pesos generalizaríamos las asignaciones familiares, está claro que se puede hacer.

DUHALDE Y LA NACION

Para todos y especialmente para los amigos kirchneristas que descreen de todo lo que sale en el diario La Nación salvo cuando ler sirve para pegarme a mí, seguramente proyectando las actitudes de ellos mismos.

JAMAS ME OFRECIERON, NI ACEPTÉ NI ACEPTARÍA FORMAR PARTE DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES DE EDUARDO DUHALDE.

GUEVARA

POSICION FACULTADES DELEGADAS

Aquí va la postura de Proyecto Sur junto con el comienzo del informe que justifica y fundamenta. Si quieren leerlo entero, me lo piden por correo.

POSICION DEL BLOQUE DE PROYECTO SUR



1) Sí a la Asignación Universal por hijo

2) No a la Prórroga de la delegación de facultades

3) Sí a la delegación de la facultad de fijar retenciones en el Poder Ejecutivo

_ Definiciones: Frente al inicio de la actividad parlamentaria y los temas que la misma presenta, el bloque de Proyecto Sur sostiene:

a) Nos parece absolutamente inadecuado (y además injusto) que las sesiones comiencen otorgando primacía excluyente a las necesidades gubernamentales (prórroga de las facultades delegadas) y a la cuestión agropecuaria. Más aún, cuando esta cuestión se presenta bajo la simple solución de la “baja de retenciones”. En este sentido ratificamos que el primer tema que debe guiar la agenda parlamentaria es la situación de los 14 millones de pobres de esta Argentina y la puesta en marcha inmediata de la Asignación Universal por Hijo. Si todos nos llenamos la boca hablando de la pobreza (incluido Biolcati) seamos honestos y sinceros, pongamos la agenda en orden a las prioridades. Primero el “hambre y la pobreza”, luego las demás cuestiones (entre ellas, las retenciones).

b) Respecto a la delegación de facultades, sostenemos que hay que “terminar con la delegación”. Es decir, hay que finalizar con el proceso por el cual el Parlamento renuncia sin argumentos, sin objetivos y sin plazos, a sus facultades.
Entendemos que el Poder Ejecutivo considera que para el normal funcionamiento del Estado se requiere la prórroga de algunas normas. Pues en ese caso lo que debe hacer el Gobierno es decir cuales son. Si el gobierno ni siquiera sabe lo que necesita, podría acordarse una prórroga corta en base a la cual una Comisión parlamentaria se expida sobre el tema y a partir de su informe resolver. Pero el tema es “terminar con la Prorroga de Facultades” dejando en claro además que no caeremos en ningún vacío jurídico si no se prorrogan las facultades el 24/08. En realidad, y tal cual fundamentamos en el informe que adjuntamos, todo sigue como está. En todo caso, para algunas cuestiones administrativas, el gobierno deberá apelar a decretos que serán evaluados por la Comisión Parlamentaria correspondiente. Por ende, la posición del bloque de Proyecto Sur es terminar con las facultades delegadas y recuperar el papel del Parlamento.
c) Respecto al tema retenciones y código aduanero nuestra posición es que la fijación de los derechos de exportación debe delegarse en el Poder Ejecutivo. En tanto se trata de un instrumento de política económica de comercio exterior y que afecta y es afectado por variables y situaciones con movimientos de muy corto plazo (tipo de cambio; niveles de protección; precios internos; precios internacionales, etc.) resulta imposible que la fijación de las alícuotas de cada producto sean el resultado de un ley. Es más, el Parlamento podría dictar una norma y en poco tiempo tener que revisarla. Por ende, la capacidad de fijar derechos de exportación debe delegarse en el Ejecutivo. Podría sí considerarse dada la situación política existente, la conformación de una comisión parlamentaria que en un plazo corto, defina las orientaciones, parámetros y objetivos que debieran considerarse a la hora de fijar las retenciones. Pero la fijación de las alícuotas debe ser del Ejecutivo. Entendemos que puede haber opiniones diversas sobre si tal porcentaje o tal otro es válido como retención para un determinado cultivo o producto, pero esta legítima discusión no debiera confundirse con la discusión acerca de quien debe fijar las retenciones

“NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE”

ACERCA DEL SALARIO MINIMO. ACÁ POSTEO EL COMIENZO DEL DOCUMENTO QUE HICIMOS JUNTO CON ANA RAMERI. QUIENES QUIERAN LEERLO ENTERO, ME LO PIDEN AL MAIL DEL BLOG.

La Presidenta de la Nación sorprendió con un exabrupto en el que sostuvo que el valor fijado para el salario mínimo ($1.500 en enero del 2010) es, en valores reales, el más alto de la historia. Arribó a esta sorprendente conclusión comparando el valor del mínimo salarial con el del kilo de pan. Más allá de que no solo de pan vive el hombre y que la referencia lógica sería una canasta de bienes y servicios más completa, e incluso más allá de que el kilo de pan que compara la Presidenta vale la mitad de lo que cualquier mortal paga, es útil observar la evolución que, en términos reales, exhibe el salario mínimo desde el 2007 en adelante. En el material que adjuntamos se examina el impacto que en términos de poder adquisitivo produce el otorgamiento de aumentos escalonados en un contexto inflacionario. Las conclusiones que surgen del informe son las siguientes:

a) Tomando en cuenta como base diciembre 2008, y dado el aumento escalonado que se otorgó, el salario mínimo termina el año apenas por debajo del aumento de precios. Es decir, no logra durante el 2009 compensar siquiera la evolución inflacionaria.
b) Si se considera lo ocurrido desde el año 2006, surge que en el 2007 el salario mínimo se retrazó un 5% y en 2008 un 6,4%.
c) A cada trabajador que gane el mínimo se le adeudan en realidad $594 del año 2007; $ 962 correspondientes al 2008 y $ 190 del 2009. Actualizando la deuda salarial (concepto que refiere simplemente a lo que un trabajador debió haber cobrado solo para mantener su poder adquisitivo) surge que a cada uno de ellos se le deben $ 2.474.
d) En 30 de los 36 meses que trascurren entre 2007 y 2009, el mínimo salarial estubo debajo del que resulta necesario para mantener el poder adquisitivo.

En síntesis, en otros trabajos hemos demostrado que dado el valor actual de una canasta familiar, el nivel del salario para un trabajador sin carga de familia nunca podría ser inferior a los $ 1.800. Pero además, frente al exabrupto presidencial, puede demostrarse que además de que “no solo de pan vive el hombre”, en los últimos dos años, las decisiones sobre el salario mínimo ni siquiera han logrado evitar el deterioro producido por la evolución de los precios.

SUPERPODERES

Sin excedentes presupuestarios y con caida en la recaudación, el Gobierno pretende llevar al 5 % la reasignación de partidas ($ 11.700 millones), tres veces más que años anteriores. Además, el proyecto establece que se pueden canalizar recursos hacia fuera de la Administración Nacional (no se computarían dentro del 5%). Lo que hay que hacer es volver al artículo 37 original, que el Congreso discuta las recaudaciones mayores a las presupuestadas y que sólo se permita reasignar el 10 % de la partida a modificar, manteniendo la orientación votada.

Hemos sostenido hasta el hartazgo que los famosos superpoderes expresados en el artículo 37 de la ley de administraciones financieras, que el Gobierno modificara en 2006, no fueron hasta hoy el mecanismo utilizado por el kirchnerismo para administrar recursos públicos por fuera del parlamento. El mecanismo fueron los decretos de necesidad y urgencia (DNU), como menera de administrar los excedentes de recaudación, siendo estos los que explican -desde el 2004 en adelante- que más de $ 100.000 millones se administraran por fuera del debate en el Congreso nacional.

Ahora bien, la propuesta oficial remitida al parlamento y presentada como limitación de los superpoderes constituye, en realidad, un cambio de gestión en un contexto presupuestario distinto. Hoy, la recaudación no evidencia excedentes. Incluso, cae por debajo de las metas presupuestarias, aun computando los nuevos recursos previsionales resultantes de la estatización de las AFJP. Es en este contexto que el Gobierno nacional viene a reclamar, con su proyecto, mayores posibilidades para reasignar partidas presupuestarias que las utilizadas hasta la fecha.

El proyecto oficial no sólo no modifica el artículo 37 que desde el 2006 le permite hacer cuanta cosa quiera con el presupuesto sino que reclama poder hacer uso de la reasignación de partidas hasta un 5 % del total del presupuesto. A datos de hoy, esto significa poder modificar un equivalente a $ 11.700 millones, cifra que multiplica por tres las reasignaciones de partidas que en los últimos años hiciera el Gobierno.

Además, el proyecto establece que, vía la juridicción 91 de obligaciones a cargo del Tesoro, se pueden canalizar recursos hacia fuera de la Administración Nacional, (ejemplo: podrían canalizarse por esta vía y no se computarían dentro del 5 % del total, al que hace referencia el tope a la reasignación de partidas, los miles de millones de pesos en subsidios a los distintos sectores económicos).

En ese marco, nosotros ratificamos que para que el debate en el Congreso tenga sentido, es necesario:

1° - volver al artículo 37 original de la ley de administraciones financieras.

2° - dejar en claro que ante toda mayor recaudación, ya sea por excedentes, nuevos impuestos o nuevo endeudamiento, la asignación de recursos debe discutirse en el parlamento.

3° - para que el Ejecutivo tenga flexibilidad para gestionar se le debe permitir reasignar hasta el 10 % de aquella partida presupuestaria que pretende modificar respetando, por supuesto, la orientación votada en el presupuesto original. Es decir, no se le pueden sacar recursos a salud o educación para desarrollar inversiones.