El 1° paso del paso fue el de no traspasar la infraestructura de Comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. El 2°, fue la aceptación de crear la Policía Metropolitana y ponerla a cargo del Fino Palacios y, el 3° paso, la recientes afirmaciones del ministro Montenegro. Sus declaraciones respecto a la intervención de la Policía Metropolitana para disuadir y/o regular piquetes y movilizaciones ratifica el carácter represivo y absolutamente disociado de una estrategia seria, en materia criminal, de las propuestas del Gobierno porteño.
El derecho a la seguridad, que exigen razonablemente los ciudadanos de Buenos Aire, nada tiene que ver con la cuestión de disuadir manifestaciones. El crimen vinculado a la trata de personas, el narcotráfico, el secuestro expres y de automotores, etcétera, constituyen problemáticas que revelan la falta de intervención y control de múltiples organismos públicos del Estado de la ciudad (ejemplo: habilitaciones regulares o irregulares con cobertura, de locales donde circula el comercio de personas y sustancias tóxicas) y reflejan la permisividad que, en este sentido, evidencian los efectivos a cargo del control de la calle (Policía Federal).
No iniciar el proceso de traspaso, depuración y modernización de la Policía Federal, así como la conformación de una “sucursal” de la misma con el Fino Palacios al frente, ratifican que el concepto de seguridad del cual Macri y su gobierno hablan tiene que ver con reprimir los conflictos sociales y no con combatir el crimen organizado.



