ESPEREMOS QUE ESTE RUMOR NO SEA SIMPLEMENTE UNA NUEVA JUGARRETA OFICIAL, QUE BASTARDEA EL SENTIDO DE UNA PROPUESTA RAZONABLE E IMPRESCINDIBLE.
Resulta absolutamente razonable que un país como Argentina piense en ampliar la regulación-intervención estatal del comercio de granos, incluso, del conjunto de los productos primarios y agroindustriales. Es más, parece extraño que un gobierno que ha señalado como objetivo la captura de la renta agropecuaria hable recién ahora de este tema, cuando este mecanismo resulta más eficaz y justo que el tan discutido instrumento de las retenciones.
Esperemos que este rumor no sea simplemente una nueva jugarreta oficial que bastardea el sentido de una propuesta razonable e imprescindible. Señalamos esto ya que, por ejemplo, por detrás del famoso debate de la 125, que esgrimía un instrumento razonable como las retenciones móviles, se escondía una descomunal transferencia de ingresos (u$a 1.700 millones) desde los productores y el Estado hacia las cerealeras trasnacionales. Vale la pena recordar, que también en aquél momento el Gobierno nacional amenazó con crear una junta de granos, administrada por las principales cerealeras.
Para ser preciso, en ningún momento fue política oficial promover la intervención estatal para limitar las características dominantes que las cerealeras tienen en la cadena agroalimentaria. Sea por la presencia de Urquía (Aceitera General Deheza) en el FPV o por convicción oficial, lo cierto es que las cosas fueron así hasta la fecha. Casos en los que los títulos no coinciden con la realidad de los proyectos o situaciones en las que negociados escandalosos tergiversan objetivos razonables están a la orden del día (estatización de AFJP, Aerolíneas Argentinas). Ojalá el Gobierno haya entendido que su tarea es gobernar y no plegarse, sin más, a la escalada por el 2009.
Hoy voy a estar en la sesión pública que se realizará a las 10 en Hipólito Yrigoyen 1236, para acompañar al actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, en esta instancia en la que se definirá el futuro de la institución.
Del mismo modo que acompañamos la defensa del INDEC, del mismo modo con que reclamamos organismos de control sobre el manejo de los fondos previsionales y, como lo hiciéramos cuando –contra el blanqueo- evitamos el intento oficial de subordinar el funcionamiento de la Auditoria a los intereses del Ejecutivo, estaremos acompañando hoy al actual presidente Leandro Despouy, en esta instancia en la que se definirá el futuro de la institución
Es lamentable que se haya anunciado un aumento del 11,69 % en los haberes jubilatorios (de % 690 a $ 770), que aportará un incremento de apenas $ 80 a quienes cobran la mínima (el 76 % de los jubilados). Sobre todo cuando dispondrá este año de un superávit de 18 mil millones de pesos, con una cartera administrada de $92 mil millones, suficientes para incrementar en un 27,4 % los haberes y cumplir con el criterio de la Corte Suprema en el caso Badaro. Con estas migajas, el gobierno ha tomado la sencilla decisión de transformar al multimillonario ANSES en la caja principal del Tesoro Nacional. Así, información reservada de la Secretaría de Finanzas de la Nación destaca, sin sonrojarse, que frente a necesidades de financiamiento del Tesoro para el 2009 por $ 62.000 millones y ante un mundo que no nos permite financiarnos, la solución no es postergar pagos y privilegiar nuestras necesidades de desarrollo, sino utilizar los recursos del denominado SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino ) como financista de última instancia. El detalle de esta estrategia es el siguiente:
- Si bien la deuda del Tesoro con el ANSES alcanza los $8.450mill( Letras emitidas durante el 2008 más una correspondiente al 2007 ) y tiene vencimiento durante este año ( el Tesoro debiera devolverle el dinero al ANSES), el Programa Financiero oficial se propone no solo no pagarlas sino refinanciarlas en las condiciones originales. Es decir, por debajo de las condiciones de mercado vigentes. Los prestamos garantizados en manos de los banqueros pueden ser premiados con bonos que duplican el rendimiento de los que tenían en cartera, en tanto los fondos previsionales percibirán rendimientos inferiores e incluso por debajo de la tasa de inflación real.
- A su vez, el ANSES seguirá haciéndose cargo, durante el 2009, del pago de deuda asociado al incremento del PBI. Esto obliga al organismo de la Seguridad Social, a comprar títulos de deuda pública por valor de $ 5.859mill.
- Además, el Stock de Títulos Públicos en poder del ANSES a fines del 2008( $46.000mill), supone vencimientos en este año por $5.009mill que el Tesoro tampoco pagará sino que refinanciará en seis operaciones bimestrales y con instrumentos financieros equivalentes a los que vencen ( BODEN 2012, BONAR 2013, PRE8, BOGAR 2018, y BODEN 2015 y BONAR 2014).
- Como si esto fuese poco,- el superávit estimado del ANSES para el 2009 por la propia Secretaría de Hacienda ( $18.000 millones)-, se pretende que se transforme en un 100% en títulos públicos nuevos de manera de allegar esos recursos a las arcas de la Tesorería.
De acuerdo a lo que hasta aquí exponemos surge que la decisión oficial consiste en no pagar nada de la vieja deuda del Tesoro con el ANSES( $ 14.309mill que serán renovados a pérdida para los fondos previsionales) y en incrementarla en otros $ 23.393 millones de los cuales el 76% están constituidos por recursos contantes y sonantes que ingresarán este año al organismo de la Seguridad Social como consecuencia de la estatización de las AFJP.
Nadie puede discutir es que si existe un flujo corriente de nuevo financiamiento para el sistema del orden de los $18.000mill., esto indica que existen recursos suficientes para aumentar en un 27,4% anual la masa total de recursos destinada al pago de haberes. Entre otras variantes, podría tomarse la opción de cumplir con el pago de la movilidad ( cuyo costo total ascendería a $9.700mill.) llevando el haber promedio del sistema de $ 810 a $1.165. Es decir, un aumento del 44%. Y luego aplicar la diferencia para recomponer un 12% adicional para el conjunto.
Cabe consignar que cuando se discutió la ley de movilidad en el Congreso de la Nación el propio responsable del ANSES aceptó que si se dieran cambios estructurales en el sistema habría que revisar la fórmula de movilidad planteada. Pues bien esto fue lo que ocurrió luego, se avanzó en un cambio estructural. No obstante, el gobierno no ha modificado la fórmula y esto no tiene un efecto neutral.
Aquí va un documento que elaboramos junto con Tomás Raffo. Quienes quieran verlo entero, pueden pedirlo a través de los comentarios o bien mandar un mail. Hasta siempre.
..."Las medidas anunciadas fueron:
a) Incremento del presupuesto en el Plan Alimentario Nacional. b) El aumento del 50% en el adicional por hijo, a partir del 1ero de marzo de 2009. c) La extensión del adicional por hijo a los monotributistas sociales. d) La creación de 1000 cooperativas, cuyo impacto en el empleo se estima será de 300 mil puestos. e) La producción de un millón de guardapolvos, y 3 millones de equipos deportivos que serán destinados a 2 mil instituciones. f) La inversión de 2 mil millones de pesos más que en el 2008 en planes sociales.
A diferencia de los anteriores anuncios que se hicieron como parte de los paquete anti – crisis (el referido al blanqueo, los créditos fondeados con recursos del ANSES y el Plan de Obras Públicas) el paquete “social” ha sido bastante escueto en materia de detalles de las políticas y montos involucrados. No obstante lo cual, según la presentación oficial, el conjunto de las medidas “sociales” anunciadas suponen un incremento de $2.000 millones en los planes sociales respecto al 2008.Esta suma asombra por lo insignificante respecto a las que tuvieron por destino atender la situación del “consumo satisfecho”, aquel que ha sido objeto de planes de crédito para la compra de automotores y electrodomésticos de línea blanca. El conjunto de las medidas que involucran los recursos del ANSES, que debieran utilizarse para pagar los haberes jubilatorios pero que han tenido otro destino, ascienden a $31.564 millones. Comparada con estos recursos, la política social representa en el mejor de los casos apenas el 6,3% de los recursos destinados al consumo de ingresos medios – altos y de altos ingresos"...
Solicitar al Poder Ejecutivo que se ajuste a lo establecido en la ley 26.466. En razón de esto, pedimos se abstenga de efectuar acuerdo alguno con el Grupo Marsans para el supuesto equipamiento de Aerolíneas Argentinas, hasta que el Congreso Nacional sea debidamente informado y se expida en consecuencia.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La decisión de expropiar Aerolíneas Argentinas está regulada por las definiciones que incorporan las leyes 26.466 y 26.412. Ambas a su vez, refieren en algunos aspectos a la Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696) y a la ley 21.499. Según esta normativa el Poder Ejecutivo debía designar un organismo, con composición federal, para llevar a cabo los derechos que la expropiación le confería sobre Aerolíneas Argentinas (artículo 2, Ley 26.466). Asimismo, toda operación que implique modificaciones presupuestarias debe ser informada a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la cual, por definición, debe informar a los cuerpos legislativos del proceso que se lleva adelante. Además, explícitamente, el artículo tercero de la ley de expropiación establece que a efectos del reequipamiento y mejoramiento de los servicios del Transporte aerocomercial, el organismo designado para actuar en la expropiación, en el plazo de 180 días, debe presentar a la Comisión de Seguimiento un Plan General de Negocios estratégico de mediano y largo plazo. Como si esto fuese poco, el artículo sexto obliga al Poder Ejecutivo a efectuar una discriminación de los pasivos de las empresas, con el objeto de determinar aquellos que corresponde asumir, y aquellos que están vinculados con el operativo de vaciamiento perpetrado por Marsans en desmedro del pueblo argentino y a favor de sus negocios. Más aún, el mismo artículo obliga al Estado argentino a presentarse en todas las causas judiciales existentes contra el Grupo Marsans, y a impulsar las acciones civiles y comerciales que correspondieran para recuperar el patrimonio afectado en la gestión de los empresarios españoles. Frente a los comentarios periodísticos y la propia información vertida por los funcionarios gubernamentales respecto a la eventual decisión de que el Estado argentino se haga cargo del 50% de un crédito que habría contraído el Grupo Marsans con la firma Airbus, corresponde precisar lo siguiente:
- Dicho contrato implicaría adecuaciones presupuestarias que, como se ha expuesto, deben ser evaluadas por el Parlamento a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento. - Dicho contrato implica una decisión correspondiente al reequipamiento que, según se explicara, debió haberse presentado en el marco de un Plan de Negocios ante la citada Comisión. - En tanto se trata de una deuda, dicho contrato debió haber sido evaluado en el marco de la discriminación de pasivos que también debió haber sido informada y que debiera haber sido acompañada de las presentaciones judiciales correspondientes. - Todo lo expuesto debió haber sido desarrollado por un órgano designado por el Ejecutivo que, según reza el artículo 3 de la ley 26.466, debiera garantizar una composición federal en su conducción. - La Comisión Bicameral no ha informado de nada a los cuerpos legislativos.
En términos estrictos hasta el momento no se ha conformado ningún organismo de carácter federal, no se ha presentado ningún Plan de Negocios, no existe ninguna información sobre la discriminación de pasivos y, menos aún, presentaciones judiciales del Estado argentino contra el vaciamiento perpetrado por el Grupo Marsans. Por todo lo expuesto, queda claro que si el gobierno nacional cerrara algún acuerdo estaría incumpliendo con el mandato que le diera el Parlamento.
Por último, si se entendiera que este acuerdo viene a hacer las veces de precio-pactado con Marsans para realizar la operación, corresponde advertir también que la normativa aprobada en la materia establece con precisión que la última palabra en este sentido la tiene el Congreso Nacional.
Por todo lo señalado, es que solicitamos se apruebe el presente proyecto de resolución.
1) Se abstenga de seguir incumpliendo la ley 26.425 que estableciera la absorción de los fondos previsionales por parte del ANSES, hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación constituya la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social estipulada en el artículo 11 de la citada norma.
2) Cree y ponga en funcionamiento el Consejo del Fondo de Garantía de sustentabilidad del SIPA establecido por el artículo 12 de la ley 26425.
3) Asuma como provisorias las decisiones tomadas hasta este momento ya que las mismas deberán ser revisadas por los órganos de control mencionados.
Fundamentos
Sr. Presidente:
A pesar que desde el 4 de diciembre del 2008 se promulgó la Ley 26.425, que elimina el sistema previsional mixto que regía desde 1994, instituyendo el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como único sistema previsional solidario de reparto, el Parlamento aún no cumplió con lo dispuesto por el artículo 11 de la citada ley, que sujeta a la ANSES en todo lo referido a la instrumentación de la citada norma a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social que debe ser creada por el Honorable Congreso de la Nación. Del mismo modo, en su artículo 12 la citada norma instituye al ANSES para que crea en su ámbito un Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional cuyo objeto es el monitoreo de los recursos del sistema.
Una de las principales misiones tanto de la Comisión Bicameral como del Consejo es monitorear las decisiones de inversiones que se preveé adoptar relativo a los recursos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Este Fondo que originariamente fue creado como el modo de disponer de los ahorros que el ANSES realizaba cada año, consecuencia de la postergación de los haberes, se ha engrosado con los activos que en poder de las AFJPs se han traspasado al ANSES en virtud de la sanción de la citada ley. Así el Fondo que acumulaba una masa de recursos de más de $22.345,5 millones fue agrandado por los activos en poder de las AFJPs en $78.721,3 millones, aunque su correcta valuación a los precios de mercado, reflejaría un valor de $69.296,3 millones. Así se trata de un Fondo que acumula un total de recursos por $91.641,8 millones. Se trata de una masa de recursos que excede en un 40% a la totalidad de jubilaciones y pensiones que tiene previsto afrontar la ANSES durante el 2009 (de $65.715,3 millones). Semejante relación contradice los criterios que fundamentan la constitución de un fondo de garantía, que es la de inmovilizar un determinado porcentaje de los compromisos que debe asumir (siendo el 20% una magnitud razonable). En el caso previsional, los recursos acumulados en el fondo representan el 140% del total de compromisos del sistema. Claramente se trata de un despropósito que tiene otro fin que el de resguardar las jubilaciones de eventuales caídas en la recaudación previsional.
Mientras el Congreso Nacional y la ANSES incumplen con lo dispuesto por la ley 26.425, el Gobierno ha utilizado los recursos acumulados en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar los paquetes anti crisis orientados a abastecer de crédito al consumo satisfecho y el Mega Plan de Obra Pública. Así se han destinado ya $3.100 millones para la compra de autos 0 km, $650 millones para la compra de taxis 0 km, $3.500 millones en créditos para electrodomésticos (que los jubilados de más de 68 años –el 70% de los jubilados- no pueden acceder por superar la edad máxima que fija el seguro), $3.000 millones en créditos a las pymes, $1.700 millones de crédito para el agro, $1.250 millones en crédito para las empresas industriales. A su vez con los recursos de los jubilados se prevé encarar el Mega Plan de Obras Públicas, de los cuales ya se licitaron $10.900 millones para la construcción de viviendas, $4.074 millones para el soterramiento del Sarmiento, $1.500 millones en la construcción de las centrales térmicas en Buenos Aires y Santa Fe (cuyos beneficiarios son la firma IECSA e ISOLUX), $1.000 millones en la construcción de la central eléctrica de Pilar (Córdoba) y $890 millones en un crédito para que Aysa construya dos plantas potabilizadoras. De este modo se han comprometido $31.564 millones del ANSES en financiar el consumo de altos ingresos y un plan de obras públicas motorizado por empresas privadas que han tenido una larga tradición en utilizar la obra pública como mecanismo de apropiación de recursos (en este caso de los jubilados) por vía de sobreprecios que extrañamente no son debidamente controlados por las autoridades. Estos son los recursos ya destinados en lo que va del año, a lo que habría que agregar las obras públicas contenidas en el Presupuesto 2009 que tienen previsto financiamiento del ANSES, las mismas ascienden a 13.153 millones ($6.853 millones en obras de energía, $4.600 millones en obras públicas, y $1.700 millones en el sistema de transporte).
Por otra parte, según ha trascendido, el Gobierno tiene previsto seguir utilizando los recursos del Fondo de Garantía del ANSES para sostener el programa financiero del 2009. Así se preveé que la totalidad del superávit proyectado del ANSES, que por obra de la eliminación de las AFJPs y la vigencia de una ley de movilidad restringida, rondaría los $18.000 millones en el transcurso de este año sean direccionados al Tesoro, por vía de la suscripción de algún instrumento financiero, que haría aumentar la deuda del Tesoro con el ANSES por dicha suma. Del mismo modo, la totalidad de vencimientos que tiene el Tesoro con el ANSES que asciende a $19.701 millones ($8.450 millones por el stock de letras del tesoro, $5.859 millones por la renta que genera el exceso de crecimiento sobre los bonos que entraron al canje del 2005, $5.009 millones de vencimientos del stock de títulos públicos en poder del ANSES y $384 millones como resultado de los vencimientos que luego del canje de enero del 2009 se comprometió a pagar por las tenencias de Préstamos Garantizados en poder del ANSES). En total el Gobierno tiene previsto utilizar $37.701 millones de los recursos administrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer frente a los distintos compromisos financieros del 2009.
Como los recursos que se acumularon en el ANSES son el resultado de haberes de miseria ($690) para el 80% de los jubilados, así como del aporte que los trabajadores activos (por vía del aporte sobre la nómina salarial) y el conjunto de la sociedad (por vía del pago de impuestos que financian la ANSES), su orientación debe ser previamente debatida por los involucrado. Este fue el espíritu de la ley 26.245 que hasta el momento no se ha cumplido. Por estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Es un verdadero disparate que luego de 7 años de congelamiento tarifario, el gobierno pretenda, en pocos meses, desandar lo que el mismo hizo con incrementos que llegan, en algunos casos hasta el 400%. Más aún, hacerlo con carácter retroactivo.
Nadie justifica, y mucho menos nosotros, usar recursos jubilatorios para subsidiar a sectores que detentan un elevado poder adquisitivo. Sin embargo, son múltiples los casos concretos que frente a la decisión oficial demuestran que resulta un facilismo sin fundamento seguir asociando mayor consumo eléctrico con mayor poder adquisitivo. Existe un número considerable de usuarios que tienen elevada capacidad de pago y bajos niveles de consumo y viceversa. Un ejemplo concreto es que el aumento que hoy discutimos recayó sobre el 20% de los usuarios residenciales de Tigre y sólo sobre el 8% de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires. Es difícil pensar que el poder adquisitivo de los usuarios de Tigre sea mayor que el de los de Capital. Por detrás de los problemas que se están evidenciando subsisten dos tareas que el gobierno de los Kirchner no ha encarado. En ningún caso se ha impulsado un proceso de “revisión” serio del proceso privatizador, cuestión que hubiera implicado, entre otras cosas, la revisión integral de la estructura actual que tienen las tarifas. Esta claro que a partir del proceso privatizador las tarifas perdieron su configuración como precio de un servicio público para dar paso al predominio del interés privado. Pero además, la estructura social de la Argentina de comienzos de los noventa (inicio de las privatizaciones) nada tiene que ver con la situación social actual de una Argentina con 13 millones de pobres.
La segunda tarea que el gobierno no ha asumido es el establecimiento de mecanismos que permitan seguir con seriedad la estructura de costos de las empresas. Por ejemplo, no vemos que en la presente coyuntura se haya evaluado (ante el objetivo de eliminar parcial o totalmente el subsidio a la generación eléctrica) el efecto de la abrupta caída en el precio de los hidrocarburos y la disminución en simultáneo de la demanda eléctrica ante la menor actividad que registra la economía. Estos elementos sumados a los rasgos de ilegalidad que el tarifazo exhibe al no haber cumplido con las audiencias públicas correspondientes, y al haber desplazado al Parlamento de su rol excluyente a la hora de fijar “cargos tarifarios”, determinan que el único camino a adoptar frente al problema es:
1) Suspensión de los aumentos 2) Revisión total de la estructura tarifaria 3) Establecimiento de la estructura de costos real para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica 4) Restablecimiento del criterio de subsidios cruzados en el esquema tarifario 5) Determinación de una tarifa social
En un nuevo acto de esta comedia de enredos titulada “ La mentira como política de Estado”, la actual intervención del INDEC festejó sus dos años publicando un dato inconsistente sobre la inflación de enero y una nueva subestimación de los ingresos que necesita una familia tipo en la Argentina actual para superar el umbral de pobreza. Según el organismo con apenas $988 una familia tipo logra no ser pobre en nuestro país. De acuerdo a nuestros estudios (Instituto de la CTA) respetando la metodología tradicional y calculando los precios de manera razonable para los últimos dos años, los ingresos necesarios son de $1330. Pero además, si se mejora la metodología con los nuevos criterios que el INDEC elaborara en el 2004 y que desde ese momento jamás fueron utilizados, los ingresos necesarios se ubican a enero del 2009 en $1780.
Así las cosas, la pobreza en la Argentina se ubica entre un piso del 26%, un máximo del 33% y la indigencia entre un piso del 10.9% y un máximo de un 14.6%.
De este modo, y al igual que con el diario de Irigoyen, el INDEC construye el mando de Cristina en el país de las Maravillas, ocultando 3.5 millones de pobres y 2.5 millones de indigentes.
El gobierno sigue manipulando los datos. La adhesión real del canje es de apenas el 21% del total de los Préstamos Garantizados y de solo el 7% de los vencimientos. El canje realizado supone elevar tasas y vencimientos futuros en función de un alivio insignificante. La única salida es la politización del problema de la deuda.
La Presidenta de la Nación celebró haber concretado el canje de deuda más importante realizado en la Argentina. Más allá de que resulta difícil festejar que nuestro país haya retornado a esta suerte de pedaleo de deuda que siempre supone aceptar mayores tasas de interés y por lo tanto mayores pagos futuros, nada se ha dicho acerca de la irrelevancia que tiene el monto de deuda del cual se habla frente a los vencimientos que se avecinan. Olvidándonos de los $1.900mill.de intereses que el gobierno deberá abonar por el BONAR 14 entre el 2009 y el 2011, la información oficial indica un alivio de $ 15.100mill.que, según se dijo, supondría una aceptación del 97% ya que la deuda total sujeta a canje sería de $ 15.600mill. Lo que no se explicó, es que el gobierno deliberadamente restringió el universo de la deuda sujeto a este cambio para poder decir que había existido un alto grado de adhesión. En esta primera fase de la operación (la otra se hará el 13 de febrero) se dejaron afuera expresamente $8.500mill.correspondientes a residentes argentinos y $6.400mill.en poder de extranjeros. Es decir, que de los vencimientos totales correspondientes al período 2009-2011 que totalizan $30.500mill., el alivio obtenido solo representa el 49,5% del total y no el 97%. Este porcentaje se alcanzó manipulando la primera fase del canje para que en ella solo participen los bancos y compañías de seguros que operan en la plaza local, y que por razones de política institucional, siempre deben ingresar en operaciones de este tipo. Además, la cifra promocionada por el gobierno ($15.100mill.), es apenas el 14,6% de los $103.400mill. de vencimientos totales de deuda pública para dicho período. Pero como si esto fuese poco, los $15.100mill de los que se habla incluyen $7.900mill de bonos en manos de instituciones estatales (Ej: el Banco Nación) que obviamente no son ajenas a la política oficial. En síntesis, la adhesión real del canje es de apenas el 21% del total de los Préstamos Garantizados y de solo el 7% de los vencimientos que nos depara la deuda pública. Lo expuesto permite insistir en dos conclusiones. Por un lado, el gobierno no cesa de manipular la presentación pública de los datos. Por otro, no hay forma de resolver el tema del endeudamiento si se mantiene la discusión en términos de administración financiera de la misma. El canje realizado supone elevar tasas y vencimientos futuros en función de un alivio insignificante. La única salida a este tema es la politización del problema de la deuda aprovechando la coyuntura mundial, el contexto político de América Latina y el dato que está marcando la experiencia ecuatoriana ( investigación y suspensión de pagos).
El 2009 es un año complejo para la vida económica, política y social de la Argentina. Signado por la disputa electoral, evidencia una notoria desaceleración de la actividad económica, un agravamiento social –que al debilitamiento de los ingresos agrega los problemas de empleo–, restricciones fiscales crecientes que limitan la capacidad de maniobra del Gobierno y que se expresan también en la expansión de los déficit provinciales, un preocupante cuadro de fuga de capitales y un debilitamiento mayúsculo del comercio exterior en el marco de la recesión mundial. En este contexto, y rotas las condiciones que hicieron posible el consenso kirchnerista, el mapa político dominante parece reordenarse bajo las recomendaciones del viejo hit de Alejandro Lerner “Volver a empezar”.
Como si la historia no existiese, proliferan los intentos de reconstruir el viejo formato bipartidista. De un lado, el cuadro de anemia que vivió en los últimos tiempos el radicalismo les ha abierto el paso a aquellos hijos pródigos que en su momento fugaran de la debacle partidaria y que al ser bendecidos por la varita del consenso (Carrió, Cobos, Stolbizer) aparecen hoy como un respirador artificial dedicado a revivir al centenario partido. Del otro, el carácter pragmático del justicialismo gobierna la reaparición de viejas figuras al amparo de la pérdida de consenso y la menor disponibilidad de recursos del gobierno nacional. Kirchner ha dejado de ser el ordenador por excelencia para ser uno más de los que comienzan a pujar por conducir el reordenamiento futuro del PJ (Solá, De Nárvaez, Duhalde, Reutemann, Das Neves, Rodríguez Saá, etc.).
No está claro aún cómo terminará ordenándose la disputa, y hasta la propia derecha macrista aparece tironeada por esta discusión. No se sabe si primarán los criterios que pregonan una mayor transversalidad que articule ambos espacios en dirección a unificar lo que se denomina oposición tras el objetivo de derrotar al gobierno en 2009, o las propuestas que en el interior del justicialismo buscan un tácito acuerdo con Kirchner que le otorgue a éste la posibilidad de llegar a 2011 pero resignando su continuidad. Más allá de las dudas que puedan existir respecto del modo en que se ordene el tablero político dominante, es claro que no pueden abrigarse expectativas sobre modificaciones de importancia para el conjunto de los argentinos. Todos los que bailan en el interior de este tablero han sido corresponsables de los problemas de fondo que exhibe la Argentina contemporánea, y nada demasiado novedoso puede esperarse de ellos en tópicos como el endeudamiento externo, la concentración de la economía, la revisión del proceso de privatizaciones y el control sobre la explotación de nuestros recursos naturales, la desigual distribución del ingreso o el cambio en la matriz productiva. Nada novedoso porque ya gobernaron y han demostrado escasa voluntad para discutir con el poder establecido. Es más, quienes transitando estas filas pueden alegar no haber estado involucrados en gobiernos pasados se han cuidado muy bien de rodearse de quienes dan crédito de nunca haber pretendido modificar nada. Más aún, hasta podríamos coincidir en que en alguno de los temas mencionados el gobierno de Kirchner ha mostrado mayor novedad. Condicionado por un proceso popular que cuestionó el orden establecido y acompañado por una situación regional que repudió al neoliberalismo, planteó novedades parciales en tópicos como endeudamiento y privatizaciones. Novedades que si en algún momento parecieron apuntalar una impronta de cambio, rápidamente fueron ubicándose en el terreno de la gobernabilidad convencional. Es en este marco de un mapa político dominante que se ordena en torno a una disputa donde el presente confronta con el pasado dispuesto a volver a empezar donde se inscribe el carácter convencional con el que pretende administrar la crisis el gobierno nacional. Sus pasos no buscan replantear el futuro de la Argentina. Sólo intentan mantener el orden vigente evitando el default, un proceso hiperinflacionario y la conflictividad social creciente.
UNA ADMINISTRACIÓN A LA DEFENSIVA. Esta administración convencional y defensiva, compartida en sus objetivos por muchos de los que aparecen como opositores en el mapa político dominante, afronta el riesgo del default emitiendo señales de que se pagará todo (Club de París, reapertura del canje), incursionando en una nueva refinanciación que asume que para ganar tiempo hay que pedalear vencimientos aceptando mayores tasas de interés e incrementando los pagos futuros (canje de préstamos garantizados), y tomando recursos de donde se pueda vía estatización de las AFJP y uso del Fondo de Garantía de la ANSES, así como las disponibilidades del Banco Nación y del Banco Central.
En ningún caso aparece en la evaluación oficial la idea de acompañar una visión como la ecuatoriana (investigación de la deuda y suspensión de pagos) para inclinar la balanza regional hacia una estrategia que aproveche la crisis mundial para revisar el tema de la deuda latinoamericana. Ni siquiera se escucha un argumento elemental como la necesidad de asociar la evolución de los pagos a las vicisitudes de la recesión mundial. Si ésta implica menores divisas y menor recaudación, parece absurdo que no se intente asociar esto con una reducción en los pagos. Es más, el giro prodeuda kirchnerista viene acompañado de la resurrección de la vieja y falsa idea de recuperar la confianza de los inversores.
Mientras tanto, y casi como una ironía, los últimos dos años demuestran el retorno de la fuga de capitales (salieron 31.977 millones de dólares). Este señalamiento nos permite saltar al segundo objetivo oficial consistente en evitar una crisis inflacionaria. La política monetaria y cambiaria ha validado la monumental salida de divisas mencionada inscribiéndola en un proceso de administración “fina” de la flexibilidad cambiaria que busca hacer compatible una nueva devaluación que vuelva a transferir ingresos sin condiciones al sector exportador, con los menores efectos inflacionarios posibles. Obsérvese que se asume como correcta una política cambiaria y monetaria que en lugar de permitir el uso de las divisas para financiar nuestro desarrollo ha posibilitado en los últimos dos años la dilapidación completa del saldo positivo de nuestro comercio exterior. No forman parte del imaginario oficial ( tampoco de la oposición dominante) la posibilidad de declarar a la divisa un recurso esencial y de utilidad pública, la centralización de las operaciones de comercio exterior y endeudamiento en el Banco Central, la administración estatal del valor del dólar, la eliminación de los privilegios de los que gozan petroleras y mineras para dejar fuera del país buena parte de lo que exportan y el establecimiento de un férreo control cambiario y de la oferta de divisas. La estrategia antiinflacionaria se completa con el intento de establecer pautas para la negociación salarial que convalidan la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores tuvieron en los últimos dos años y que definen que la distribución del ingreso vuelve a profundizar su regresividad cuando la ligera recomposición vivida luego de la crisis de 2002 ni siquiera había permitido retornar a la situación de 2001. Por si esto fuese poco, pese a los ingresos de los que dispone la ANSES, el presupuesto 2009 sólo incluye una recuperación del 15% en los haberes sin incluir palabra alguna acerca de la recomposición de la movilidad en un sistema donde el 76% de los jubilados se ubican hoy en la mínima. No existen políticas públicas que transfieran ingresos hacia la mayor parte de una fuerza laboral que, como es sabido, transita por fuera del circuito formal y de los convenios colectivos. Es más, el plan de obra pública, que en la lógica oficial debería impactar positivamente sobre estos sectores, aparece hasta el momento, y en el marco del comportamiento de la recaudación (en enero sólo creció 12%) sin financiamiento disponible. Por último, la estrategia oficial pretende administrar la conflictividad en acuerdo con el dispositivo cegetista que obtura la democratización de la vida sindical, al tiempo que no garantiza fidelidad alguna ya que es sabido que en contextos de crisis social y fragmentación del PJ, dicho valor resulta más que difícil de mantener. En un marco donde el tablero político dominante reproduce lo de siempre, la débil administración gubernamental de la crisis deteriora la democracia, despilfarra recursos y agrava el cuadro social. El sistema político dominante de la Argentina atrasa, hace falta futuro, y una nueva experiencia política.
