miércoles 26 de noviembre de 2008

LOS ANUNCIOS DE LA PRESIDENTA


El nivel de demanda se sostiene atendiendo la emergencia social / bajo el rótulo de repatriación de capitales, lo que en la práctica se está haciendo es premiar a quienes fugaron.


Resulta absolutamente razonable, frente a la situación de crisis mundial, poner en el centro en sostenimiento de la producción y del nivel de la actividad. Pero esto debe hacerse sin olvidar la experiencia reciente de la Argentina, que nos brinda dos enseñanzas concretas:

La primera es que, efectivamente, la Argentina ha crecido durante los últimos años. Pero, dadas las condiciones de desigualdad bajo las cuáles lo ha hecho, sigue teniendo hoy entre 11 y 13 millones de personas pobres, según quién mida. Situación que, como tendería a agravarse en un escenario de menor crecimiento a futuro, obligaría a asumir una estrategia de transferencia de ingresos hacia los hogares más postergados, con el doble objetivo de atender la emergencia social y, a la vez, sostener el consumo en el mercado interno. Sobre esto, en las definiciones presidenciales no ha habido nada.

La segunda enseñanza de la Argentina es que los subsidios a los empresarios no han dado como resultado ni mayor ni mejor nivel de inversión. Por lo tanto, cualquier estrategia que implique mayores subsidios al sector empresario debiera ser muy precisa respecto a los objetivos que se buscan y a las garantías que se tienen de lograrlo.

En este marco, las tres definiciones planteadas por la Presidenta de la nación merecen el siguiente análisis:

1 – bajo el rótulo de repatriación de capitales, lo que en la práctica se está haciendo es premiar a quienes fugaron. En un contexto en el que, en lo que va del año, se han fugado del país u$a 20.000 millones, no parece ser esta la mejor alternativa. Lo que el Gobierno debiera estar discutiendo es cómo mejora las regulaciones financieras y cambiarias; cómo elimina privilegios que hoy detentan empresas petroleras y mineras y que les permiten dejar dólares en el exterior por las exportaciones que realicen. En definitiva, lo que la Argentina debiera estar discutiendo es cómo recupera el control sobre la oferta de divisas y no cómo premia la fuga.

2 – Respecto a aliviar la deuda fiscal de las pymes en tanto blanqueen a sus trabajadores – medida que parece razonable-, la experiencia también arroja dudas sobre su posible eficacia. No está claro por qué razón una pyme, que no blanqueó durante los últimos cinco años de crecimiento económico, vaya a hacerlo ahora cuando la perspectiva en materia de actividad es menos promisoria y cuando tampoco se propone una estrategia integral para esta franja de empresas (crédito, defensa del mercado menor carga impositiva, etc.).

3 – En cuanto al tercer anuncio de promoción del empleo registrado, sobre la base de reducir las contribuciones patronales en el primer año, la experiencia histórica indica que la generación de empleo nuevo depende, dominantemente, del nivel de activad y demanda antes que de la reducción del costo laboral.

viernes 21 de noviembre de 2008

INAUGURACIÓN CASA PROYECTO SUR

Inauguración Casa Proyecto Sur
Sarandí 56

El sábado 22 de noviembre a las 18hs. se inaugura la Casa de Proyecto Sur, en Sarandí 56 y Av. Rivadavia.

Esperamos contar con tu presencia.

miércoles 19 de noviembre de 2008

LEY DE EMERGENCIA ECONÓMICA

Si el gobierno pide prorrogar la ley para atender los eventuales problemas sociales debe incluir en el texto definiciones concretas como la prohibición de despidos y cesantías por 180 días y una asignación universal por hijo y por escolaridad.

Por definición, estoy en desacuerdo con invocar la idea de crisis para justificar la delegación de facultades propias del parlamento y centrar las decisiones en el Ejecutivo. Me refiero, concretamente, tanto a los criterios con los que se negocia el endeudamiento público como a aquellos con los que se establecen las relaciones contractuales del Estado con el sector privado, en áreas que son servicios públicos o de interés público (privatizaciones). Pero menos entiendo la invocación de la emergencia, justificada por el argumento de atender los problemas sociales que pudiera provocar la crisis, cuando ha sido justamente el capítulo social de la ley de emergencia del 2002 el que, de manera sistemática, se ha ido limitando en los últimos tiempos. Por lo tanto, al prorrogar la emergencia tal cual está hoy, quedan sin atender, precisamente, los problemas sociales. Esto es así porque da la casualidad de que la doble indemnización, que la vieja ley de emergencia planteaba y que tendía a contener la situación en materia de empleo, ya no está. Tampoco se sostienen los planes jefes y jefas de hogar, que tuvieron una merma significativa en su cobertura (hay muchos menos planes) y, además, continúan estancados en los viejos $ 150, diezmados en su poder adquisitivo.

Por lo tanto, si el Gobierno pide prorrogar la ley de emergencia invocando la necesidad de atender los eventuales problemas sociales, mi planteo en Comisión es que incluya en el texto definiciones concretas. En este sentido, proponemos que se agreguen artículos al proyecto que incorporen dos definiciones:

- La prohibición de despidos y cesantías sin causa, por un plazo de 180 días.
- La creación de un programa presupuestario para el 2009, que ponga en marcha una asignación universal de $ 135 mensuales por hijo, para todos los menores de 18 años y la extensión de la ayuda escolar a $ 170 anuales, para aquellos que se encuentren entre los 5 y los 18 años.

El primero de los puntos tiene especial incidencia sobre el sector formal de la economía. El segundo, cubre –vía transferencia de ingresos directa – a quienes trabajan en el marco de la ilegalidad laboral y que son los que primero, y más rápido que los demás, sufren el desempleo.

jueves 13 de noviembre de 2008

CAMBI(ATE)

En la Argentina se puede ser presidente, senador, diputado o concejal. Lo que no se puede es ser delegado representante de los trabajadores.

Solo en en 12,8 % de las empresas del país existen cuerpos de delegados. El resto no tiene representación y cualquier intento de lograrla puede terminar en despido. Se hace difícil pensar en la distribución de los ingreso cuando la democracia no puede penetrar el ámbito en el que se generan gran parte de nuestras riquezas.

El histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia abre las puertas a la democratización sindical y social de la Argentina. Ahora le toca al Gobierno modificar las normativas para que la sociedad venza los límites que la actual situación plantea.

lunes 10 de noviembre de 2008

POSICIÓN AFJP

Comienzo haciendo una aclaración porque hay un matutino, el diario “La Nación”, que ha publicado en el día de hoy un artículo –sin develar la fuente, como corresponde‑ que dice que el voto positivo en general que desde la fuerza que represento voy a plantear es resultado de un canje para ocupar algún cargo en el Consejo Consultivo, en mi caso particular, o en el caso de la CTA.
Quiero dejar en claro que desde la primera discusión en el plenario de comisiones he puesto de manifiesto el acuerdo que tenemos con el punto general que plantea este proyecto. Hace catorce años (desde que se puso en marcha el régimen privado de fondos de pensión) que planteo exactamente lo mismo.
En el último presupuesto por minoría, junto con los amigos del bloque del Sí, planteamos también esta definición: “terminar con las AFJP”. No hacemos oposicionismo, tenemos convicciones y pensamientos. En realidad, como creemos que un valor imprescindible para poder construir una experiencia política diferente es tener autonomía a la hora de decidir, es que no somos parte en general de sistemas de canje por cargo alguno que en muchas ocasiones caracteriza a la política tradicional.
Hecha esta aclaración quiero decir que hablo en nombre de Buenos Aires para todos en Proyecto Sur, pero también lo hago como militante e integrante de una central de trabajadores que nació a la vida política de este país cuestionando el intento de privatizar el régimen previsional.
Y lo hago también retomando algo que ocurrió hace pocos días en la provincia de Jujuy, donde nos dimos cita cerca de 9 mil compañeras y compañeros de todo el país, referentes de distintas expresiones populares, y que frente a esta decisión, comenzamos el encuentro rindiendo homenaje a quienes hicieron posible que hoy estemos dando este debate.
Las decisiones institucionales no son sólo patrimonio de los gobiernos que las adoptan sino del proceso político que va generando las condiciones para hacerlas. En este sentido, tengo la más plena convicción de que esta decisión corona en el plano institucional la lucha de largo tiempo de los jubilados, muchos que hoy ya no están y otros sí. Por eso quiero mencionar a Forte, a Amancio Pafundi, a Miguel Zárate, a Imizcoz, y a otros que hoy están en la puerta de esta Cámara, como Juan Pedro, Elías Moure o Lidia Mesa. Ellos son los que han venido bregando en forma permanente, señalando que éste era el rumbo de lo que había que comenzar a hacer para discutir una posibilidad distinta en el régimen previsional argentino.
Participo de este debate tratando de tomar distancia de posiciones que pueden ser legítimas pero que entiendo pierden cierto valor a la luz de definiciones que, como éstas, sientan cambios de carácter estructural. Me refiero a decisiones que van más allá del gobierno que las está tomando pues son mojones que quedan para los que siguen. En ese marco me parece que no es bueno transformar debates de esta naturaleza en una suerte de campeonato o contienda respecto al grado de adhesión al gobierno o al crédito público que éste pueda alcanzar. Con este tipo de temas y en el marco de la crisis mundial, la Argentina requiere menos de posiciones de confrontación fundadas en disputas electorales y exige más, debates concretos sobre los temas que hoy es imprescindible discutir y resolver.
Desde ese lugar, y yendo a la cuestión de fondo, creemos que lo que hoy discutimos merece el apoyo por dos razones. Primero, porque no existe ninguna estrategia capaz de pararse frente a la crisis mundial existente que no requiera de la consolidación de las cuentas públicas, y que para ello, no exija una definición como la que se está adoptando hoy.
Segundo, tampoco existe posibilidad alguna de resolver la problemática previsional argentina sin tomar esta definición. Podrá discutirse si ésta fue la mejor manera, pero no que no hay solución previsional sin tomar esta decisión. Lo hoy estamos definiendo es terminar con el negocio, el “curro”, y la estafa institucionalizada que supuso el régimen privado de fondos de pensión en nuestro país.
Desde el punto de vista previsional el régimen de capitalización no tiene sentido alguno en la Argentina pues para funcionar requiere de tres condiciones: ingresos promedio elevados, asalarización formal extendida y estabilidad económico financiera. Nuestro país tiene problemas con las tres: un ingreso promedio bajo de 1.300 a 1.400 pesos mensuales por ocupado, un 60 por ciento de la fuerza laboral fuera del circuito formal, y obviamente respecta a la estabilidad económico financiera está claro que la historia no nos avala demasiado. De hecho la fragilidad productiva que aún tenemos y nuestra posición en el mercado mundial, nos expone a crisis recurrentes.
Por lo tanto, por todos estos elementos el régimen de capitalización nunca debió haber existido. Es un absurdo proponerle a un trabajador argentino promedio que acumule durante treinta años para obtener una renta que le permita financiar una vejez mínimamente razonable. Por eso es mentira que el Estado debe proponer una opción. El Estado es el primero que no debe hacerlo, porque tiene la información suficiente para saber que esa opción es falsa.
En el mejor de los casos, la capitalización puede resolver el problema de algunos. Puede ser la jubilación de pocos, de aquellos que hayan tenido estabilidad laboral durante toda su vida, con empleo formal e ingresos altos. Pero mantener el sistema para resolver esa realidad implica desfinanciar el sistema público previsional, el contrato intergeneracional y las condiciones para hacer posible un régimen previsional razonable.
Es más, en el caso argentino esto se agrava por la voracidad que ha tenido un capital financiero que ha cobrado comisiones por adelantado apropiando en catorce años, 12 mil millones de dólares. Y cuando uno hace el cálculo real de las ganancias que declaran, no sobre el aporte neto que depositaron los trabajadores sino sobre el aporte completo que entregaron, no solo que la rentabilidad sobre los aportes no es positiva sino que es negativa, y si la proyectamos al final de la vida activa implicaría cobrar un haber jubilatorio que no superaría el 18 por ciento del salario.
En este marco es indiscutible que este paso hay que darlo, que hay que romper la lógica perversa que implicó desfinanciar al Estado argentino. La ANSES perdió, a valor actualizado, 170 mil millones de pesos desde que rige el régimen privado de fondos de pensión. Hay que parar este mecanismo que esquilma a los trabajadores y que lo único que sostiene es la renta financiera.
Por estas razones apoyamos este proyecto en general. Somos conscientes de sus límites. Consciente, por ejemplo, de que es necesario que el dinero se destine a un Ente Público no estatal, reformulando el ANSES y democratizando su conducción, tal como lo plantearemos durante el debate en particular.
Somos conscientes de que es preciso darles más certeza a los trabajadores de las AFJP; somos conscientes de que sería deseable que el texto dijera expresamente que los recursos previsionales serán usados para pagar la movilidad que falta pagar y para recomponer los haberes como corresponde. Somos conscientes de que no está aquí la restitución de las contribuciones patronales, que es la otra pata del desfinanciamiento del sistema previsional. También somos conscientes de que en el texto no figura un plazo para debatir el modelo previsional futuro de la Argentina.
Pero así como somos conscientes de todo esto, también sabemos que el 80 por ciento del padrón de las administradoras está compuesto por gente que no decidió. Somos conscientes de que ningún afiliado de las administradoras tiene propiedad (ninguno puede disponer) sobre ese fondo y de que los afiliados no controlan las decisiones que ellas toman.
Somos conscientes de que las críticas que dicen que ahora se va a financiar al Estado, pasan por alto que esto ya se viene dando en la práctica, porque las administradoras financian al Estado comprando títulos públicos que representan el 60 por ciento de sus inversiones. Es más, lo hacen a tasas altísimas que en realidad terminamos pagando todos nosotros.
Por estas razones, y a pesar de que tenemos diferencias y de que sabemos que el proyecto tiene limitaciones, hoy queremos dar el paso principal de terminar con el negocio de las AFJP. Queremos darlo respetando la decisión de aquellas organizaciones que han venido batallando históricamente por resolver los problemas previsionales, que incluso en muchos casos no tienen acuerdos con el gobierno, que son las que han cuestionado la ley de movilidad y que repudian que el 80 por ciento de los haberes estén en el nivel mínimo, y que si bien vienen sosteniendo todas las peleas que están dando los jubilados, también ellos reconocen que este es un paso para discutir de otra manera.
Por lo tanto, si bien sabemos que sería mejor que las garantías estuvieran contempladas en el proyecto, somos concientes de que la verdadera garantía de una propuesta política no es lo que dice el papel. Es el proceso de crecimiento de la conciencia popular, lo que hace posible que hoy discutamos esto y lo que garantiza, en tanto se profundice, que sigamos avanzando.
Esta iniciativa abre una multiplicidad de oportunidades, porque para todos los que hablan en nombre de las provincias, hoy será mucho más fácil discutir la coparticipación y la relación fiscal con la Nación. Es falso que habrá debate sobre la relación entre la Nación y las provincias sin esta norma; con ella, en cambio, puede haberlo.
En segundo lugar, con esta norma sería absolutamente más fácil discutir un sistema previsional que se haga cargo de sus obligaciones. Igual ello podría no ocurrir, pero con esta iniciativa es mucho más fácil discutirlo.
Con este proyecto es absolutamente factible terminar con la deuda que el Estado tiene ($50.000 millones) con los fondos de jubilaciones y pensiones, colocando al Estado como responsable del déficit del sistema previsional y ahorrando un montón de “guita”, que no tiene sentido pagar. Es absolutamente posible hacerlo; no sé si lo harán, pero se puede hacer.
Resultará absolutamente factible poner en marcha un plan integral que contemple una asignación universal para recuperar a nuestros pibes, evitando visiones fascistoides que buscan criminalizarlos con la baja de la edad de imputabilidad. Con esta decisión también, se logran fondos suficientes para recuperar el control sobre sectores estratégicos, como el del petróleo. Se abren un montón de oportunidades para que nos podamos parar mejor frente a la crisis. Veremos si el gobierno lo hace o no. Lo que no está en duda es que estas definiciones se inscriben en un proceso político que continúa y que sabrá hacer lo que tenga que hacer para que esto sirva a quien le tiene que servir